EFICENCIA Y EFICACIA DEL GASTO PUBLICO: CEPAL

Extracto tomado de la publicación de CEPAL y la Secretaria General Iberoamericana: Espacios Iberoamericanos: Hacia una nueva arquitectura del Estado para el desarrollo.

La discusión en torno a la eficacia y la eficiencia del gasto público cobra aún más valor si la igualdad ocupa un lugar prioritario en las estrategias de desarrollo. Es indispensable asegurar la calidad de las políticas públicas y aumentar la capacidad de generación de consensos, lo que la CEPAL (2010a) ha denominado “una nueva arquitectura estatal”.

En países que enfrentan distintas realidades y exigencias, la agenda de transformación del Estado no puede concebirse como una simple reproducción de las trayectorias seguidas por los países desarrollados.

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han debido resolver nuevos requerimientos en materia de protección ambiental y gestión de las catástrofes naturales, igualdad de género y superación de otras brechas del subdesarrollo.

Así, el hecho de limitar la gestión pública a un mero control cuantitativo de las cuentas, mediante reglas numéricas sobre la deuda pública, el déficit o el gasto, no garantiza un adecuado manejo de la economía por parte del Estado, pues impide la adopción de medidas contracíclicas y, sobre todo, no toma en cuenta el impacto de las finanzas públicas en los objetivos cruciales del desarrollo, el crecimiento de largo plazo y la distribución del ingreso.

Además del control del déficit y de la deuda pública, es menester alcanzar niveles adecuados de cobertura de los servicios públicos, así como un nivel y composición de ingresos y gastos consistentes con su función redistributiva de ingresos.

El papel del Estado también es relevante en el crecimiento económico. Por ello se debate cada vez con mayor frecuencia sobre el concepto más amplio de calidad, que refleje los vínculos entre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la política fiscal.

El concepto de calidad abarca los elementos de las finanzas públicas que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con el objeto de elevar el potencial de crecimiento de la economía y, en el caso de América Latina, asegurar niveles crecientes de equidad distributiva.

En este contexto, es fundamental hacer hincapié sobre el efecto macroeconómico no lineal del gasto público; no se trata de denostar su incremento por razones de eficiencia económica, ni tampoco de apostar por él como único motor del desarrollo.

Las tareas de la gestión pública son múltiples y los recursos disponibles, escasos. Teniendo en cuenta esta realidad, los objetivos estratégicos de la gestión pública pueden descomponerse en tres niveles.

El primer objetivo estratégico, de convergencia productiva con igualdad, implica transformar la gestión del Estado sobre la base de estrategias nacionales de desarrollo, finanzas públicas de calidad, marcos fiscales de mediano plazo y gobiernos abiertos y transparentes. Un segundo objetivo estratégico consiste en mejorar la capacidad de asignación de los recursos públicos, lo que supone avanzar en los sistemas de gestión pública: planificación estratégica institucional, presupuestación plurianual, sistemas nacionales de inversión pública y sistemas de evaluación de políticas y programas.

El tercer objetivo estratégico es lograr una provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios públicos y, al mismo tiempo, fortalecer el desempeño operacional de los organismos públicos. Para ello es menester desarrollar indicadores compartidos y transversales de resultados y establecer convenios de desempeño y de gestión en reparticiones públicas clave. Habida cuenta de los desafíos ambientales y de la necesidad de eliminar todas las formas de desigualdad, es necesario que entre los objetivos estratégicos se reconozcan las desigualdades de origen (género, raza, etnia, generación), adecuando sus instrumentos e incluyendo medidas específicas de acción positiva que permitan la igualdad en los resultados.

·         Para lograr estos objetivos, ha sido muy importante recuperar el ciclo presupuestario (que perdió su papel rector de discusión de las políticas públicas durante los años de alta inflación) en muchos países de América Latina, dado que resulta un instrumento transparente y democrático de asignación del gasto público. También son patentes los progresos en materia de planificación estratégica y de asignación plurianual de inversiones. La función de asignación se ha visto igualmente robustecida con el reciente desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de evaluación de programas y de inversiones públicas.

·         La consolidación de los sistemas integrados  de administración financiera y, en términos más generales, del gobierno electrónico o digital ha marcado la agenda en cuanto a la modernización del sector público. Tal vez, una asignatura pendiente de estas transformaciones sea la gestión de los recursos humanos en el sector público (Bárcena y Kacef, 2011).